REVISTA DIGITAL DEL TECZ 55 Implicaciones y responsabilidad de la labor del funcionario judicial Contexto general y contemporáneo de la justicia en México El trabajo del funcionario judicial, la cual involucra ante todo la evaluación y sentencia de conductas, se halla ligada estrechamente con el sistema ético – normativo de la nación, puesto que es este dogma de clasificación de conductas el que permite realizar la apropiada ponderación, sanción y clasificación de las distintas formas de actuación de los seres humanos que conforman en conjunto la comunidad compleja que comúnmente se denomina Estado. Primeramente, es importante sentar un precedente de las condiciones del aparato jurídico, en sus momentos previos a los importantes cambios que actualmente se le están aplicando por decisión de los poderhabientes ejecutivo y legislativo. Cualquiera que posea el conocimiento esencial sobre el funcionamiento básico del sistema de justicia que se aplica en estas tierras, comprenderá sin dificultad la crucial importancia de la labor de los administradores jurídicos, más allá de los grandes exponentes como la Suprema Corte. Los funcionarios judiciales, en sus diversas ramas, son el pilar del organismo que se encarga de regular las conductas del hombre, en la extensa gama de dimensiones que ésta abarca. Es con el ejercicio de las funciones jurisdiccionales – ya sea ministros, magistrados o jueces - que se actualiza fácticamente la palabra de la ley, transformando la realidad en conformidad con lo expreso en el texto normativo. De esta manera, se tiene una percepción tangible y duradera del cuerpo de Derecho en la sociedad cotidiana, brindando certeza en las instituciones de impartición de justicia y brindando una solución definitiva a los conflictos que tanto tiempo, dinero y esfuerzo demandan a las partes. Después de todo, el objetivo del poder judicial en una comunidad es el arreglo de controversias por medio de la ley, ateniéndose a sus principios profesionales en una escala mayor que con sus contrapartes personales. Dentro de la naturaleza del entorno judicial y su papel en las relaciones humanas, se engloba el oscuro, turbio y triste panorama de la aplicación de “justicia” en México, que en abundantes casos, ni siquiera puede llamársele así. Basta con dar un breve repaso a los programas de noticias, a los medios digitales o a cualquier fuente de información objetiva sobre el país, para darse cuenta de que la perspectiva popular sobre las conductas delictivas y su resolución está, cuanto menos, desinformada, prejuzgada y condenada antes de siquiera aplicársele algún análisis certero. El clima de arrestos arbitrarios, violencia policiaca e impunidad, aunados a los escasos resultados fructíferos en la persecución y detención de criminales, los juicios amañados y la facilidad de la corrupción, son los síntomas de una enfermedad que, como un virus, se ha esparcido a la totalidad del sistema judicial. Es por ello que la denuncia de injusticias, la cero tolerancia a los casos impunes, el rechazo social a los delincuentes, y la creación de espacios de apoyo y empoderamiento, solamente son posibles con el cimiento del Derecho de forma indeleble, en el actuar de los servidores encargados responsables de ello. Es algo que debe combatirse, pero para ello se requiere una visión y medidas adecuadas, que permitan su verdadera y definitiva extinción. Es ahí donde entran a colación los hechos que llevan al tema en cuestión: los sucesos transcurridos en los últimos dos años, que generan el entorno de polémica e incertidumbre al que este texto desea poner frente. Es consabido que el antiguo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso durante su sexenio una reforma al Poder Judicial1, la cual fue oficializada el 5 de Febrero de 2024, y que tras aprobarse, está entrando en vigor este año 2025. 1 Gobierno de México (2024). Reforma al Poder Judicial. 12 de febrero de 2024. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/892010/ REFORMA_AL_PODER_JUDICIAL 2_CS.pdf
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