52 REVISTA DIGITAL DEL TECZ Como parte de la evolución y del desarrollo de la teoría analítica del derecho se desplazó la imagen del juez como un autómata que aplica reglas, para situarlo como garante de racionalidad en la interpretación y aplicación del derecho, este reconocimiento dio origen a una ampliación del modelo subsuntivo, configurando lo que hoy se conoce como modelo argumentativo axiológico, propuesto por autores como Jerzy Wróblewski, Neil MacCormick y Robert Alexy. La tesis central de este segundo modelo afirma que una decisión judicial está justificada si, y sólo si, está interna y externamente justificada, Wróblewski propuso esta distinción para explicar dos niveles complementarios de racionalidad: la justificación interna, que corresponde a la validez lógica del razonamiento —esto es, la deducción entre las premisas y la conclusión—, y la justificación externa, que se refiere a la corrección o fundamentación de las propias premisas utilizadas. (Caballero Elbersci, 2019, p 78) En síntesis, la teoría analítica del derecho concibe la justificación de las decisiones judiciales como una estructura dual integrada por dos dimensiones complementarias: la justificación interna, de naturaleza lógico-formal, vinculada con la teoría de la subsunción, y la justificación externa, de carácter axiológico y normativo, propia del modelo argumentativo-axiológico, ambas perspectivas ofrecen una visión más completa de la racionalidad judicial, al no limitar la validez de una decisión a la corrección de sus inferencias, sino al conjunto de razones que las sostienen y las dotan de legitimidad, esta evolución teórica marca el tránsito de una justicia entendida como mera aplicación de reglas hacia una justicia concebida como ejercicio de razonamiento crítico, transparente y comprometido con los valores constitucionales, en este contexto, los tribunales electorales asumen un papel decisivo en la consolidación de la democracia, pues a través de la motivación y justificación de sus sentencias no solo resuelven controversias, sino que configuran los principios que orientan la vida democrática y fortalecen la legitimidad del sistema electoral (Tena García, 2018, p. 3). III. Hacia un modelo de evaluación y ponderación de la justificación judicial en la justicia electoral mexicana. La consolidación del andamiaje institucional de la democracia mexicana ha tomado décadas, la creación de tribunales especializados en materia electoral representó una de las decisiones institucionales más trascendentes del proceso de transición democrática, tan importante como contar con reglas claras y procedimientos equitativos para la competencia política es disponer de una judicatura electoral capaz de interpretar el derecho y justificar racionalmente sus decisiones, en esta tarea, la función del juez electoral constituye una piedra angular del sistema democrático, pues en ella descansa la tutela efectiva de los derechos político-electorales y la garantía última de la legalidad de los procesos electorales. La materia electoral mexicana, por su complejidad normativa y su papel central en la consolidación democrática, constituye un ámbito privilegiado para el análisis crítico de las decisiones jurisdiccionales, como advierte Salazar Ugarte (2020, p. 14), en el contexto mexicano, la motivación judicial se estructura primordialmente a través del test de proporcionalidad 2 , de raíz constitucional, que busca asegurar que toda restricción a un derecho fundamental responda a fines legítimos y se instrumente mediante medios idóneos, necesarios y proporcionales en sentido estricto, este modelo, difundido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y retomado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF), constituye la herramienta metodológica más desarrollada para garantizar la racionalidad y transparencia de la decisión judicial. En este marco, la ponderación de principios propuesta por Robert Alexy adquiere una importancia decisiva, al concebir los derechos fundamentales no como normas absolutas, sino como mandatos de optimización susceptibles de satisfacción en diverso grado, cuya aplicación exige un juicio comparativo entre principios en conflicto, la Ley de 2 El test de proporcionalidad es una herramienta de análisis constitucional desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evaluar si una restricción a un derecho fundamental es válida, razonable y constitucionalmente justificada. Tiene su base en el principio de razonabilidad y en el artículo 1° constitucional, que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como a interpretar las normas conforme a la Constitución y a los tratados internacionales.
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