54 REVISTA DIGITAL DEL TECZ que determinaron el sentido del fallo. (Preciado Rodrígez 2014, p. 141). De esta manera, la sentencia resultante puede adolecer de una justificación integral, pues ninguno de los magistrados votó a favor de un mismo conjunto de razones que doten de coherencia lógica y sustantiva a la decisión, tal situación plantea un problema teórico relevante en materia de argumentación judicial: la imposibilidad de atribuir a la sentencia una fundamentación y motivación comunes que satisfagan los requisitos de racionalidad exigidos por la Constitución y por la doctrina contemporánea de la justificación judicial, pues la decisión tomada por el juzgador (colegiado), se estima, adolece de una justificación tanto interna como externa, en razón de que, si bien es cierto, existe un intento de justificación en las dos vertientes, lo cierto es que por tratarse de un órgano colegiado la justificación debió ser una línea argumentativa adoptada por unanimidad o por mayoría, de tal suerte que al no resolverse bajo esa condición la decisión así emitida adolece de justificación, por ello, como lo señala Preciado Rodríguez (2014. p. 142) los puntos resolutivos deben siempre guardar correspondencia con las consideraciones que les dan origen, ya que en esa vinculación se encuentra la garantía de validez, coherencia y legitimidad de las decisiones jurisdiccionales electorales. En consecuencia, se hace evidente la necesidad de avanzar hacia la construcción de herramientas analíticas y modelos teóricos complementarios a los métodos actualmente empleados —particularmente los de ponderación y proporcionalidad— para evaluar la consistencia, racionalidad y solidez argumentativa de las sentencias electorales, como se advierte de lo anteriormente expuesto, los marcos metodológicos tradicionales, centrados en la motivación formal o en la congruencia lógica de los fallos, no logran reflejar la complejidad deliberativa que caracteriza al proceso decisorio colegiado en el ámbito jurisdiccional electoral. De ahí que resulte indispensable impulsar el desarrollo de modelos de análisis que integren criterios de coherencia intersubjetiva, verificabilidad de las premisas, ponderación argumentativa y evaluación multicriterio, con el propósito de fortalecer la racionalidad material de las resoluciones jurisdiccionales, sólo mediante la adopción de tales enfoques será posible consolidar un estándar metodológico que garantice que las decisiones judiciales no sólo sean válidas desde el punto de vista jurídico, sino también racionalmente justificadas, transparentes y reproducibles, elevando así el grado de legitimidad institucional del sistema de justicia electoral. Solo mediante un estudio integral de la estructura argumentativa de las sentencias será posible valorar la manera en que la justicia electoral contribuye a redefinir los equilibrios del poder, la protección de los derechos político-electorales y la consolidación de la democracia constitucional; en este contexto, la experiencia del TEPJF en la aplicación del test de proporcionalidad y en la consolidación de una cultura argumentativa robusta ofrece un terreno propicio para incorporar metodologías analíticas —como los modelos de evaluación y ponderación inspirados en el enfoque multicriterio de Saaty— que fortalezcan la
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