3 de 3 contra la violencia de género: la prueba de fuego para la paridad Reconocer qu e l a violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones a derechos humanos más graves, normalizadas, y toleradas en el mundo no es una novedad; luego, reconocer que México es una referencia internacional por las alarmantes cifras de mujeres asesinadas y violentadas en sus derechos humanos, por desgracia, tampoco lo es. México es uno de los países que ha ratifcado los dos instrumentos internacionales más importantes de derechos humanos de las mujeres1, pero que ha sido condenado en cuatro ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por casos de violencia contra las mujeres, particularmente violencia sexual y feminicida2. México es también el país de la envidia formal, por el robusto aparato estatal integrado por legislaciones, mecanismos e instituciones especializadas en la materia, ejemplares y de primer nivel, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género; y al mismo tiempo es el país de la vergüenza sustantiva, en el que según la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de los Hogares, 9 de cada 10 mujeres mueren al día, y 6 de cada 10 han vivido al menos un episodio de violencia en su vida. (ENDIREH, 2016). En un país con este preámbulo se vuelve innegable reconocer la deuda histórica que el Estado Mexicano tiene para con sus mujeres; e indiscutible la extrema urgencia de asumir con seriedad y como prioridad, el compromiso institucional de generar una política de Estado que promueva proteja, respete y garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México. Fue a partir de la iniciativa de un grupo de legisladoras feministas de diferentes ideologías políticas, que se concretó, en Página 43 1 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), ratifcada en 1981; Convención para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ratifcada en 1988. 2 Caso González y otras campo algodonero vs México (2009); Caso Fernández Ortega y otros vs México (2010); Caso Rosendo Cantú vs México (2010); y Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs México (2019).
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