47 ARTÍCULOS IV. Algunos casos de cuotas arcoíris En este apartado, se analizan algunos precedentes relevantes que permiten ilustrar la forma en que las acciones afirmativas dirigidas a personas LGBTIQ+ han sido construidas y desarrolladas en el ámbito jurisdiccional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las personas LGBTIQ+ han sido históricamente objeto de discriminación estructural, estigmatización y diversas formas de violencia, lo que ha derivado en múltiples vulneraciones a sus derechos humanos. Asimismo, ha reconocido la orientación sexual, la expresión de género y la identidad de género como categorías protegidas dentro del marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El ámbito político-electoral no ha sido ajeno a estas dinámicas, por lo que las barreras que enfrenta este colectivo han sido abordadas desde distintas perspectivas. En los últimos años, las personas de la diversidad sexual y de género han logrado acceder a cargos de elección popular y a espacios de toma de decisiones. Estos avances, particularmente en el ámbito jurisprudencial, han permitido definir criterios que operan como mecanismos de corrección de desigualdades, favoreciendo su representación y contribuyendo a la construcción de una sociedad más incluyente. Cabe señalar que las acciones afirmativas en favor de la comunidad LGBTIQ+ en México no se originaron en un solo ámbito local específico, sino que encuentran antecedentes relevantes en diversos litigios estratégicos a nivel estatal. Uno de los más representativos se desarrolló en el estado de Aguascalientes en 2020. En la sentencia TEEA-JDC-015/2020, el Tribunal Electoral local resolvió un caso promovido por Salma Luévano Luna, quien solicitó al Instituto Estatal Electoral la implementación de acciones afirmativas para permitir el acceso de personas LGBTIQ+ a cargos en consejos distritales y municipales. Ante la falta de una respuesta adecuada, se promovió un juicio ciudadano que dio lugar a la revisión jurisdiccional del actuar de la autoridad administrativa (Marcelino Domínguez y Centeno Alvarado 2025: 271-273). El tribunal determinó que la respuesta del instituto resultaba contradictoria, pues reconocía la existencia de discriminación hacia la comunidad de la diversidad sexual, pero rechazaba la adopción de medidas correctivas bajo el argumento de afectar la paridad de género. En consecuencia, revocó la decisión administrativa y la convocatoria emitida, ordenando la implementación de acciones afirmativas, entre ellas la reserva del 10% de los cargos para personas en situación de vulnerabilidad, la creación de listas diferenciadas y el reconocimiento de identidades no binarias en los formatos oficiales. Este precedente marcó el inicio de una línea jurisprudencial en materia de acciones afirmativas en favor de la comunidad LGBTIQ+, la cual se ha ido consolidando a partir de casos similares en los que se ha adoptado una perspectiva de derechos humanos, orientada a diversificar la representación política y garantizar espacios más incluyentes para poblaciones subrepresentadas. En ese sentido, a continuación se presenta una tabla con algunas sentencias relevantes y los criterios adoptados por los órganos jurisdiccionales:
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